QUITO (Reuters) - Un juez ecuatoriano ordenó el lunes prisión contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, acusándolo de coordinar una incursión del Ejército de ese país en Ecuador, ante lo que el presidente Alvaro Uribe advirtió que no permitirá que lo toquen.
El juez acusó a Santos, quien aspira a ser candidato y a suceder a Uribe en caso de que el mandatario decida no buscar su segunda reelección inmediata o no lo pueda hacer, de coordinar una incursión del Ejército colombiano en Ecuador en la que murieron 25 personas, incluido un líder guerrillero.
Con la orden de prisión se inició un juicio formal en contra de Santos, ex hombre fuerte del Gobierno de Uribe, quien, según la acusación, lideró el ataque militar a una base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), asentada en medio de la selva ecuatoriana.
En la acción murió el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, junto a otras personas de diferentes nacionalidades, entre ellas un ecuatoriano supuestamente vinculado con la organización rebelde.
"Sí se emitió la orden de prisión", dijo escuetamente el juez primero de lo Penal de Sucumbíos, Daniel Méndez, vía telefónica a Reuters.
La investigación se realizaba en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, debido a que la incursión se realizó en marzo del año pasado en esa jurisdicción ecuatoriana.
El mandatario colombiano se refirió a la situación desde Washington, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
"He recibido la noticia de un juez del extranjero, la decisión en contra del ministro Santos. El Gobierno de Colombia no permitirá que toquen al Ministro Santos", declaró Uribe.
miércoles, 1 de julio de 2009
Argentina: Extreman medidas ante avance de gripe porcina
BUENOS AIRES (AP) - Una ciudad suspendió todas las actividades públicas, 18 de las 24 provincias adelantaron el receso escolar de invierno y la iglesia católica emitió recomendaciones para evitar el contacto cercano durante la celebración de la misa.
Mientras, se aguarda la asunción del nuevo ministro de Salud.
Pese a que aún no se han registrado casos positivos de influenza A, la municipalidad de Pergamino --222 kilómetros al noroeste de esta capital-- ordenó el cierre de escuelas, clubes, gimnasios, cines y teatros y canceló todas las actividades oficiales con público masivo.
Además de la ciudad de Buenos Aires, que el martes declaró la emergencia sanitaria, 18 provincias modificaron el calendario escolar anticipando y extendiendo el receso de invierno, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. La medida busca evitar la propagación del virus entre los alumnos, la población más susceptible al contagio de influenza A-H1N1.
Según el último reporte del Ministerio de Salud nacional, la mayoría de los 1.587 casos confirmados por análisis de laboratorio se detectaron en la población infantil y adolescente.
Las estadísticas oficiales, sin embargo, tienen un valor relativo: desde el viernes el ministerio no actualiza los datos, en coincidencia con la renuncia de la hasta el lunes ministra Graciela Ocaña. Su reemplazante, el médico de sanidad Juan Luis Manzur, asumirá el cargo recién el miércoles por la tarde.
Los datos sobre la cantidad total de infectados y de víctimas fatales son contradictorios: mientras para el ministerio 26 personas ha muerto como consecuencia de la gripe porcina, los medios locales dan cuenta de entre 40 y 42 fallecimientos. En cualquiera de los dos casos, Argentina es el país de Sudamérica con mayor número de muertes por gripe A.
El presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, Jorge Yabkowski, aseguró que el país se encuentra en el "desgobierno sanitario". "El sistema siempre está al límite y cuando se duplica la demanda, se desborda. Estamos sufriendo la falta de conducción política. Estamos sin ministerio de Salud, sin declaración de la emergencia sanitaria y con órdenes contradictorias", dijo a radio Continental.
"Estamos ante un desgobierno sanitario. Frente a una epidemia se dicta la emergencia provincia por provincia, después de las elecciones (legislativas del domingo), cuando esto habría que haberlo hecho en el país y hace más de 10 días", añadió.
Yabkowski indicó que "si hoy se quiere tratar a quien tiene los síntomas, en los hospitales no hay (el antiviral) Tamiflú. Si se piden barbijos (mascarillas), no hay en el mercado".
El diario La Nación informó que la Iglesia Católica "impartió sugerencias a los sacerdotes para que eviten en la celebración de las misas el riesgo de difusión del virus". Las medidas de prevención incluyen la distribución de la comunión en la mano y no en la boca, la suspensión del saludo de la paz y la mayor distancia posible entre los fieles.
La Corte Suprema analiza la posibilidad de adelantar el inicio del feriado judicial y resolvió que todas las mujeres embarazadas que trabajan en el Poder Judicial quedan autorizadas para faltar al trabajo. La medida se extenderá "hasta nuevo aviso".
El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, indicó que por el momento no se analiza la posibilidad de suspender el transporte público, pese a que la ciudad declaró el martes la emergencia sanitaria.
Lemus explicó que las clases se suspendieron porque son de "asistencia obligatoria", pero que las actividades deportivas o de ocio no se han interrumpido porque son de concurrencia voluntaria.
"Las concentraciones de gente son peligrosas, por eso le pedimos a los que están enfermos que no circulen... En términos de salud uno podría cerrar todo el país, pero el problema es saber cuánto va a durar, y el costo socio-económico, cultural y docente que tiene la medida", añadió en diálogo con radio Mitre.
Mientras, se aguarda la asunción del nuevo ministro de Salud.
Pese a que aún no se han registrado casos positivos de influenza A, la municipalidad de Pergamino --222 kilómetros al noroeste de esta capital-- ordenó el cierre de escuelas, clubes, gimnasios, cines y teatros y canceló todas las actividades oficiales con público masivo.
Además de la ciudad de Buenos Aires, que el martes declaró la emergencia sanitaria, 18 provincias modificaron el calendario escolar anticipando y extendiendo el receso de invierno, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. La medida busca evitar la propagación del virus entre los alumnos, la población más susceptible al contagio de influenza A-H1N1.
Según el último reporte del Ministerio de Salud nacional, la mayoría de los 1.587 casos confirmados por análisis de laboratorio se detectaron en la población infantil y adolescente.
Las estadísticas oficiales, sin embargo, tienen un valor relativo: desde el viernes el ministerio no actualiza los datos, en coincidencia con la renuncia de la hasta el lunes ministra Graciela Ocaña. Su reemplazante, el médico de sanidad Juan Luis Manzur, asumirá el cargo recién el miércoles por la tarde.
Los datos sobre la cantidad total de infectados y de víctimas fatales son contradictorios: mientras para el ministerio 26 personas ha muerto como consecuencia de la gripe porcina, los medios locales dan cuenta de entre 40 y 42 fallecimientos. En cualquiera de los dos casos, Argentina es el país de Sudamérica con mayor número de muertes por gripe A.
El presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud, Jorge Yabkowski, aseguró que el país se encuentra en el "desgobierno sanitario". "El sistema siempre está al límite y cuando se duplica la demanda, se desborda. Estamos sufriendo la falta de conducción política. Estamos sin ministerio de Salud, sin declaración de la emergencia sanitaria y con órdenes contradictorias", dijo a radio Continental.
"Estamos ante un desgobierno sanitario. Frente a una epidemia se dicta la emergencia provincia por provincia, después de las elecciones (legislativas del domingo), cuando esto habría que haberlo hecho en el país y hace más de 10 días", añadió.
Yabkowski indicó que "si hoy se quiere tratar a quien tiene los síntomas, en los hospitales no hay (el antiviral) Tamiflú. Si se piden barbijos (mascarillas), no hay en el mercado".
El diario La Nación informó que la Iglesia Católica "impartió sugerencias a los sacerdotes para que eviten en la celebración de las misas el riesgo de difusión del virus". Las medidas de prevención incluyen la distribución de la comunión en la mano y no en la boca, la suspensión del saludo de la paz y la mayor distancia posible entre los fieles.
La Corte Suprema analiza la posibilidad de adelantar el inicio del feriado judicial y resolvió que todas las mujeres embarazadas que trabajan en el Poder Judicial quedan autorizadas para faltar al trabajo. La medida se extenderá "hasta nuevo aviso".
El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, indicó que por el momento no se analiza la posibilidad de suspender el transporte público, pese a que la ciudad declaró el martes la emergencia sanitaria.
Lemus explicó que las clases se suspendieron porque son de "asistencia obligatoria", pero que las actividades deportivas o de ocio no se han interrumpido porque son de concurrencia voluntaria.
"Las concentraciones de gente son peligrosas, por eso le pedimos a los que están enfermos que no circulen... En términos de salud uno podría cerrar todo el país, pero el problema es saber cuánto va a durar, y el costo socio-económico, cultural y docente que tiene la medida", añadió en diálogo con radio Mitre.
Explosión dejó un muerto y cuatro heridos
Una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas en la noche del martes tras la explosión de una granada de fragmentación en el sur de Bogotá.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general César Pinzón, no descartó de tajo que el autor de este atentado sea la guerrilla de las Farc.
El alto oficial dijo que no se deben descartar otras opciones, ya que un sujeto, al parecer muy molesto reclamó a la administradora de la estación porque según él, su carro se había dañado por el combustible que allí venden.
“La administradora de la bomba, manifestó que en horas de la mañana fue un sujeto muy ofuscado a reclamarle por el daño en un vehículo por la utilización de algún combustible la semana pasada y que esas averías le habían costado cuatro millones de pesos” aseveró Pinzón.
El general también sostuvo que este atentado pudo ser obra de delincuencia común, bandas emergentes o alguna extorsión que le estuvieran haciendo a algún negocio del sector.
La Policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a la persona que brinde información que pueda llevar a la captura de los responsables de este hecho.
El subsecretario de Salud de Bogotá, Manuel Villamizar, dijo que las cuatro personas heridas se encuentran estables y fueron trasladadas al hospital San Rafael.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general César Pinzón, no descartó de tajo que el autor de este atentado sea la guerrilla de las Farc.
El alto oficial dijo que no se deben descartar otras opciones, ya que un sujeto, al parecer muy molesto reclamó a la administradora de la estación porque según él, su carro se había dañado por el combustible que allí venden.
“La administradora de la bomba, manifestó que en horas de la mañana fue un sujeto muy ofuscado a reclamarle por el daño en un vehículo por la utilización de algún combustible la semana pasada y que esas averías le habían costado cuatro millones de pesos” aseveró Pinzón.
El general también sostuvo que este atentado pudo ser obra de delincuencia común, bandas emergentes o alguna extorsión que le estuvieran haciendo a algún negocio del sector.
La Policía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a la persona que brinde información que pueda llevar a la captura de los responsables de este hecho.
El subsecretario de Salud de Bogotá, Manuel Villamizar, dijo que las cuatro personas heridas se encuentran estables y fueron trasladadas al hospital San Rafael.
Ya son 93 los contagiados con gripa AH1 N1 en Colombia
El Ministerio de la Protección Social reporto cinco nuevos casos de infección por el virus de influenza A H1N1 en Colombia.
Los cinco casos fueron detectados en Cali, en dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, con lo que se aumenta a 93 el número de casos confirmados en el país incluidos dos fallecimientos.
La primera mujer tiene antecedentes de viaje a Panamá, la segunda reportó haber viajado a República Dominicana ambas se mantienen bajo aislamiento y en espera de su evolución.
De los otros dos adultos uno es residente en Estados Unidos quien viajó a Colombia en plan de vacaciones a visitar a sus familiares en Cali, y el otro tiene antecedentes de viaje a Bogotá.
El menor de edad no tiene antecedentes de viaje y consultó el 22 de junio por presentar fiebre asociada a tos y congestión nasal y se recupera satisfactoriamente.
Los cinco casos fueron detectados en Cali, en dos mujeres, dos hombres y un menor de edad, con lo que se aumenta a 93 el número de casos confirmados en el país incluidos dos fallecimientos.
La primera mujer tiene antecedentes de viaje a Panamá, la segunda reportó haber viajado a República Dominicana ambas se mantienen bajo aislamiento y en espera de su evolución.
De los otros dos adultos uno es residente en Estados Unidos quien viajó a Colombia en plan de vacaciones a visitar a sus familiares en Cali, y el otro tiene antecedentes de viaje a Bogotá.
El menor de edad no tiene antecedentes de viaje y consultó el 22 de junio por presentar fiebre asociada a tos y congestión nasal y se recupera satisfactoriamente.
Colombia llamó a consultas a su embajadora en Honduras, como respaldo a Zelaya
El gobierno colombiano llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Honduras Sonia Pereira Portilla, como una señal de rechazo al golpe de Estado en contra del electo presidente de ese país, Manuel Zelaya.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que el llamado a consultas obedece al reconocimiento de Colombia a "José Manuel Zelaya Rosales como Presidente constitucional de la República de Honduras".
Además el gobierno colombiano, como quedó convenido en la resolución que emitió la OEA con respecto a la crisis en Honduras, exige "la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales".
Caracol Radio consultó al ex Canciller, Augusto Ramírez Ocampo, quien explicó que el llamado a consultas es la suspensión de relaciones diplomáticas, en este caso mientras se restablece el orden en ese país con el regreso al poder del presidente Zelaya.
"Lo que pasa es que se tiende una especie de cortina diplomática, para hacer ver que no se toleran golpes de Estado en América Latina", dijo Ocampo, quien explicó que en ese sentido el llamado a consultas es algo que deberían hacer todos los países.
A través de un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que el llamado a consultas obedece al reconocimiento de Colombia a "José Manuel Zelaya Rosales como Presidente constitucional de la República de Honduras".
Además el gobierno colombiano, como quedó convenido en la resolución que emitió la OEA con respecto a la crisis en Honduras, exige "la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales".
Caracol Radio consultó al ex Canciller, Augusto Ramírez Ocampo, quien explicó que el llamado a consultas es la suspensión de relaciones diplomáticas, en este caso mientras se restablece el orden en ese país con el regreso al poder del presidente Zelaya.
"Lo que pasa es que se tiende una especie de cortina diplomática, para hacer ver que no se toleran golpes de Estado en América Latina", dijo Ocampo, quien explicó que en ese sentido el llamado a consultas es algo que deberían hacer todos los países.
Martinelli asume la presidencia de Panamá retando a izquierda latinoamericana
PANAMÁ (AFP) — El empresario Ricardo Martinelli asumió este miércoles como presidente de Panamá prometiendo mover el "péndulo ideológico" en América Latina desde la izquierda a la derecha, en una ceremonia a la que asistieron varios presidentes, entre ellos el depuesto mandatario hondureño Manuel Zelaya.
"Como Presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para avanzar los ideales de una economía libre, desafiando el péndulo ideológico distinto que hay en Latinoamérica", dijo Martinelli en alusión a los gobiernos de izquierda, que son mayoría en la región.
Martinelli, de 57 años, juró y recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, José Luis Varela, hermano del vicepresidente y nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Varela.
Este rico empresario de derecha se convirtió así en el quinto presidente panameño tras la invasión estadounidense de 1989 y sustituyó en el poder al socialdemócrata Martín Torrijos, quien culminó su mandato con un alto grado de aprobación ciudadana.
"En estos cinco años, nos toca demostrar como nuestro modelo económico y de gobierno puede ser un ejemplo para todos los que aspiran prosperidad y progreso", dijo Martinelli en primer discurso como presidente.
El vicepresidente "Varela y yo somos dos empresarios que hemos incursionado en la política para cambiar la manera de hacer las cosas. Vamos a tomar nuestras experiencias en el sector privado y ponerlas a trabajar donde nunca se han visto en el gobierno", agregó.
Prometió además "desburocratizar el Estado" y acabar con la corrupción.
"La costumbre de que los políticos ponen sus intereses personales sobre el del pueblo se terminó. El juego de tener un gobierno gordo y un pueblo flaco ha llegado a su fin. La era de los políticos que entran limpios y salen millonarios se acabó", declaró.
"En mi gobierno se puede meter la pata. Pero no se puede meter la mano", dijo Martinelli, haciendo suya una frase que han pronunciado antes otros gobernantes latinoamericanos.
Con Torrijos, Panamá emprendió la ampliación del Canal interoceánico, viga maestra de su economía, y tuvo una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina (8% anual en promedio), redujo su pobreza de 36,7% a 28,6% y bajó su desempleo a 6%, según cifras oficiales.
Martinelli obtuvo 60% de los votos con un mensaje de "cambio", plagado de promesas de mejorar la calidad de vida de los panameños, pero la crisis económica, que ya se siente en el país, puede complicar sus planes, advierten analistas.
"Ningún candidato en los 100 años de historia del país ha realizado tantas promesas electorales y ha generado tantas expectativas", dijo el analista Arístides Hernández, presidente de la agencia Latin Consulting, a AFP.
Martinelli ha prometido reformar los sistemas tributario, sanitario y educativo, erradicar la delincuencia y subir los sueldos de la policía.
También ha prometido otorgar una pensión de 100 dólares para los mayores de 70 años sin pensión e iniciar un ambicioso plan de inversiones que contempla la construcción de un metro en la capital panameña.
Pero Hernández estima que el gobierno de Martinelli necesitará al menos unos 1.000 millones de dólares de ingresos adicionales a 4.400 millones de ingresos corrientes para cumplir las promesas, en un contexto donde este año el crecimiento económico ha estado por debajo de las previsiones.
A los actos de transmisión del mando asistieron Zelaya, varios presidentes latinoamericanos y el de Taiwán, además del príncipe Felipe de Borbón, en momentos en que América Latina está conmocionada por el golpe de Estado en Honduras.
Copyright © 2009 AFP. Todos los derechos reservados.
"Como Presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para avanzar los ideales de una economía libre, desafiando el péndulo ideológico distinto que hay en Latinoamérica", dijo Martinelli en alusión a los gobiernos de izquierda, que son mayoría en la región.
Martinelli, de 57 años, juró y recibió la banda presidencial de manos del presidente del Congreso, José Luis Varela, hermano del vicepresidente y nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Varela.
Este rico empresario de derecha se convirtió así en el quinto presidente panameño tras la invasión estadounidense de 1989 y sustituyó en el poder al socialdemócrata Martín Torrijos, quien culminó su mandato con un alto grado de aprobación ciudadana.
"En estos cinco años, nos toca demostrar como nuestro modelo económico y de gobierno puede ser un ejemplo para todos los que aspiran prosperidad y progreso", dijo Martinelli en primer discurso como presidente.
El vicepresidente "Varela y yo somos dos empresarios que hemos incursionado en la política para cambiar la manera de hacer las cosas. Vamos a tomar nuestras experiencias en el sector privado y ponerlas a trabajar donde nunca se han visto en el gobierno", agregó.
Prometió además "desburocratizar el Estado" y acabar con la corrupción.
"La costumbre de que los políticos ponen sus intereses personales sobre el del pueblo se terminó. El juego de tener un gobierno gordo y un pueblo flaco ha llegado a su fin. La era de los políticos que entran limpios y salen millonarios se acabó", declaró.
"En mi gobierno se puede meter la pata. Pero no se puede meter la mano", dijo Martinelli, haciendo suya una frase que han pronunciado antes otros gobernantes latinoamericanos.
Con Torrijos, Panamá emprendió la ampliación del Canal interoceánico, viga maestra de su economía, y tuvo una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina (8% anual en promedio), redujo su pobreza de 36,7% a 28,6% y bajó su desempleo a 6%, según cifras oficiales.
Martinelli obtuvo 60% de los votos con un mensaje de "cambio", plagado de promesas de mejorar la calidad de vida de los panameños, pero la crisis económica, que ya se siente en el país, puede complicar sus planes, advierten analistas.
"Ningún candidato en los 100 años de historia del país ha realizado tantas promesas electorales y ha generado tantas expectativas", dijo el analista Arístides Hernández, presidente de la agencia Latin Consulting, a AFP.
Martinelli ha prometido reformar los sistemas tributario, sanitario y educativo, erradicar la delincuencia y subir los sueldos de la policía.
También ha prometido otorgar una pensión de 100 dólares para los mayores de 70 años sin pensión e iniciar un ambicioso plan de inversiones que contempla la construcción de un metro en la capital panameña.
Pero Hernández estima que el gobierno de Martinelli necesitará al menos unos 1.000 millones de dólares de ingresos adicionales a 4.400 millones de ingresos corrientes para cumplir las promesas, en un contexto donde este año el crecimiento económico ha estado por debajo de las previsiones.
A los actos de transmisión del mando asistieron Zelaya, varios presidentes latinoamericanos y el de Taiwán, además del príncipe Felipe de Borbón, en momentos en que América Latina está conmocionada por el golpe de Estado en Honduras.
Copyright © 2009 AFP. Todos los derechos reservados.
Honduras desafía presión mundial, niega retorno de Zelaya
01 Jul 2009 15:30
* Gobierno interino no negociará vuelta de Zelaya con nadie
* OEA da 72 horas para restaurar democracia en Honduras
* Zelaya demora regreso hasta el fin de semana
Por Gustavo Palencia y Anahí Rama
TEGUCIGALPA, jul 1 (Reuters) - El Gobierno interino de Honduras desafió el miércoles la presión internacional al asegurar que no existe la más remota posibilidad de que el derrocado presidente Manuel Zelaya vuelva al poder, pese al ultimátum dado por la OEA para restituir al mandatario.
El Gobierno encabezado por Roberto Micheletti aseguró que Zelaya será arrestado si regresa al país, aun si vuelve acompañado por los presidentes de Argentina y Ecuador y del jefe de la OEA, como fue anunciado esta semana.
"Absolutamente no hay la más mínima posibilidad, el presidente Zelaya está afuera por órdenes del pueblo", dijo el canciller interino, Enrique Ortez, en una entrevista con Reuters.
Desde su casa de Tegucigalpa, Ortez añadió que no existe ningún tipo de negociación con algún gobierno extranjero ni con organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La soberanía no se negocia, nosotros no estamos negociando absolutamente nada", sentenció el veterano político hondureño.
Un grupo de militares sacó a Zelaya de su casa el domingo a punta de fusil y lo obligó a abandonar el país cafetalero con destino a Costa Rica, cuando promovía una consulta popular que abriera el camino a la reelección presidencial considerada inconstitucional por los tribunales y los partidos políticos.
Pese a la férrea postura de no permitir el ingreso de Zelaya bajo pena de arrestarlo, Ortez dijo que el Gobierno interino que asumió horas después del derrocamiento de Zelaya el domingo, se reunirá con una misión de países de la OEA que llega el miércoles.
La OEA se unió a la condena mundial del "golpe militar" y dio un ultimátum de 72 horas para que el Gobierno interino garantice el "inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente (...) a sus funciones constitucionales" o suspenderá al país del organismo.
En Washington, el embajador del Gobierno de Zelaya ante la OEA, Carlos Sosa, declaró que el secretario general del organismo designará a algunas personalidades en Honduras para que entreguen al Gobierno interino el comunicado oficial del ultimátum.
"Las negociaciones diplomáticas están contempladas en la resolución. (El secretario general de la OEA, José Miguel) Insulza buscará lograr contacto con estos señores. De otra manera, habrá suspensión de Honduras", añadió.
PRESIONES CRECEN
Un día antes, la asamblea general de Naciones Unidas resolvió que sus 192 miembros no reconocerán a otro gobierno que no sea el de Zelaya en Honduras, el país más pobre de América después de Haití y Nicaragua.
Zelaya, que había anunciado su retorno a Honduras para el jueves, postergó su regreso al menos hasta el fin de semana, mientras se desplazaba a Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Ricardo Martinelli.
"La OEA ha pedido 72 horas y estamos dispuestos a apoyar esa decisión", dijo Zelaya en la madrugada del miércoles.
Micheletti comentó que una comisión hondureña en Washington está tratando de explicar ante el Congreso estadounidense las razones para derrocar a Zelaya, aunque antes Ortez dijo que no se había enviado ninguna misión a ese país.
"Tenemos la fortaleza y la fe en Dios que poco a poco, al conocerse (la situación), vamos a ir logrando el objetivo de que reconozca el mundo entero que teníamos que tomar esta decisión", dijo Micheletti en rueda de prensa.
Sin embargo, la presión internacional para restituir a Zelaya crecía y países como España, Francia y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Honduras, sumándose a la medida tomada días antes por México, Venezuela, Bolivia, Cuba y los países centroamericanos.
Por el momento, la crisis política en el pequeño país de siete millones de habitantes no ha afectado a la vital industria textil ni a la producción cafetalera -que está cerrando la cosecha-, aunque futuras sanciones comerciales internacionales podrían impactar en sus debilitadas finanzas.
SI ENTRA, VA A LA CARCEL
Insulza, junto con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, se ofrecieron a acompañar a Zelaya en su regreso, un movimiento que podría aumentar la tensión en la polarizada población hondureña.
Sin embargo, el Gobierno interino prohibió la entrada al líder hondureño incluso aunque estuviera acompañado de otros presidentes latinoamericanos y el propio jefe de la OEA.
"Ellos entran y él se queda afuera. Y si entra, entonces se captura y va a la cárcel", dijo Ortez, quien detalló que sobre Zelaya pesan 16 cargos que van desde abuso de poder a acusaciones por narcotráfico.
Pese a las abrumadoras muestras de apoyo internacional a Zelaya, los hondureños permanecen divididos entre quienes lo ven como un presidente que lucha contra las elites en favor de los pobres, y los que advierten que es un peligroso populista que busca seguir la senda radical de sus aliados socialistas.
Zelaya llegó al poder en el 2006 como un moderado conservador del Partido Liberal, pero su viraje hacia la izquierda y su acercamiento al venezolano Hugo Chávez durante su último año de Gobierno irritó a políticos y empresarios conservadores en el empobrecido país centroamericano.
También el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el derrocamiento de Zelaya porque establece un "precedente peligroso para toda la comunidad internacional" y no será aceptado por el resto de América Latina.
"No aceptamos el regreso de los golpes en América Latina", dijo Lula. "Tuvimos la experiencia durante la década de 1960 de enfrentar golpes militares", agregó el martes por la noche en Trípoli, en víspera de la cumbre de la Unión Africana que se celebrará en Sirte.
(Reportes de Patrick Markey y Enrique Andrés Pretel en Tegucigalpa, información adicional de Susan Cornwell y Anthony Boadle en Washington; Lucas Bergman en Buenos Aires; Blanca Rodríguez en Madrid y Ali Shuaib en Tripoli, escrito por Enrique Andrés Pretel; editado por Silene Ramírez)
* Gobierno interino no negociará vuelta de Zelaya con nadie
* OEA da 72 horas para restaurar democracia en Honduras
* Zelaya demora regreso hasta el fin de semana
Por Gustavo Palencia y Anahí Rama
TEGUCIGALPA, jul 1 (Reuters) - El Gobierno interino de Honduras desafió el miércoles la presión internacional al asegurar que no existe la más remota posibilidad de que el derrocado presidente Manuel Zelaya vuelva al poder, pese al ultimátum dado por la OEA para restituir al mandatario.
El Gobierno encabezado por Roberto Micheletti aseguró que Zelaya será arrestado si regresa al país, aun si vuelve acompañado por los presidentes de Argentina y Ecuador y del jefe de la OEA, como fue anunciado esta semana.
"Absolutamente no hay la más mínima posibilidad, el presidente Zelaya está afuera por órdenes del pueblo", dijo el canciller interino, Enrique Ortez, en una entrevista con Reuters.
Desde su casa de Tegucigalpa, Ortez añadió que no existe ningún tipo de negociación con algún gobierno extranjero ni con organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA).
"La soberanía no se negocia, nosotros no estamos negociando absolutamente nada", sentenció el veterano político hondureño.
Un grupo de militares sacó a Zelaya de su casa el domingo a punta de fusil y lo obligó a abandonar el país cafetalero con destino a Costa Rica, cuando promovía una consulta popular que abriera el camino a la reelección presidencial considerada inconstitucional por los tribunales y los partidos políticos.
Pese a la férrea postura de no permitir el ingreso de Zelaya bajo pena de arrestarlo, Ortez dijo que el Gobierno interino que asumió horas después del derrocamiento de Zelaya el domingo, se reunirá con una misión de países de la OEA que llega el miércoles.
La OEA se unió a la condena mundial del "golpe militar" y dio un ultimátum de 72 horas para que el Gobierno interino garantice el "inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente (...) a sus funciones constitucionales" o suspenderá al país del organismo.
En Washington, el embajador del Gobierno de Zelaya ante la OEA, Carlos Sosa, declaró que el secretario general del organismo designará a algunas personalidades en Honduras para que entreguen al Gobierno interino el comunicado oficial del ultimátum.
"Las negociaciones diplomáticas están contempladas en la resolución. (El secretario general de la OEA, José Miguel) Insulza buscará lograr contacto con estos señores. De otra manera, habrá suspensión de Honduras", añadió.
PRESIONES CRECEN
Un día antes, la asamblea general de Naciones Unidas resolvió que sus 192 miembros no reconocerán a otro gobierno que no sea el de Zelaya en Honduras, el país más pobre de América después de Haití y Nicaragua.
Zelaya, que había anunciado su retorno a Honduras para el jueves, postergó su regreso al menos hasta el fin de semana, mientras se desplazaba a Panamá para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país, Ricardo Martinelli.
"La OEA ha pedido 72 horas y estamos dispuestos a apoyar esa decisión", dijo Zelaya en la madrugada del miércoles.
Micheletti comentó que una comisión hondureña en Washington está tratando de explicar ante el Congreso estadounidense las razones para derrocar a Zelaya, aunque antes Ortez dijo que no se había enviado ninguna misión a ese país.
"Tenemos la fortaleza y la fe en Dios que poco a poco, al conocerse (la situación), vamos a ir logrando el objetivo de que reconozca el mundo entero que teníamos que tomar esta decisión", dijo Micheletti en rueda de prensa.
Sin embargo, la presión internacional para restituir a Zelaya crecía y países como España, Francia y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Honduras, sumándose a la medida tomada días antes por México, Venezuela, Bolivia, Cuba y los países centroamericanos.
Por el momento, la crisis política en el pequeño país de siete millones de habitantes no ha afectado a la vital industria textil ni a la producción cafetalera -que está cerrando la cosecha-, aunque futuras sanciones comerciales internacionales podrían impactar en sus debilitadas finanzas.
SI ENTRA, VA A LA CARCEL
Insulza, junto con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, se ofrecieron a acompañar a Zelaya en su regreso, un movimiento que podría aumentar la tensión en la polarizada población hondureña.
Sin embargo, el Gobierno interino prohibió la entrada al líder hondureño incluso aunque estuviera acompañado de otros presidentes latinoamericanos y el propio jefe de la OEA.
"Ellos entran y él se queda afuera. Y si entra, entonces se captura y va a la cárcel", dijo Ortez, quien detalló que sobre Zelaya pesan 16 cargos que van desde abuso de poder a acusaciones por narcotráfico.
Pese a las abrumadoras muestras de apoyo internacional a Zelaya, los hondureños permanecen divididos entre quienes lo ven como un presidente que lucha contra las elites en favor de los pobres, y los que advierten que es un peligroso populista que busca seguir la senda radical de sus aliados socialistas.
Zelaya llegó al poder en el 2006 como un moderado conservador del Partido Liberal, pero su viraje hacia la izquierda y su acercamiento al venezolano Hugo Chávez durante su último año de Gobierno irritó a políticos y empresarios conservadores en el empobrecido país centroamericano.
También el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el derrocamiento de Zelaya porque establece un "precedente peligroso para toda la comunidad internacional" y no será aceptado por el resto de América Latina.
"No aceptamos el regreso de los golpes en América Latina", dijo Lula. "Tuvimos la experiencia durante la década de 1960 de enfrentar golpes militares", agregó el martes por la noche en Trípoli, en víspera de la cumbre de la Unión Africana que se celebrará en Sirte.
(Reportes de Patrick Markey y Enrique Andrés Pretel en Tegucigalpa, información adicional de Susan Cornwell y Anthony Boadle en Washington; Lucas Bergman en Buenos Aires; Blanca Rodríguez en Madrid y Ali Shuaib en Tripoli, escrito por Enrique Andrés Pretel; editado por Silene Ramírez)
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