Fujimori, culpable

Ayer, una sala especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú halló culpable al ex presidente Alberto Fujimori de cuatro cargos de violaciones de los derechos humanos y lo condenó a 25 años de cárcel. El presidente de la misma, César San Martín, declaró que las acusaciones quedaron "probadas más allá de toda duda razonable". Así, tuvo lugar un fallo histórico, ya que es la primera vez que en América Latina un mandatario elegido democráticamente es encontrado culpable en su país por crímenes contra los derechos humanos.
Fujimori, quien gobernó Perú por una década, fue sentenciado por homicidio en los casos de las matanzas de Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, que dejaron 25 víctimas, y de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Los autores materiales pertenecían al grupo Colina, un escuadrón de la muerte encubierto que cometió unos 50 asesinatos durante los primeros años del gobierno citado.
Esta sentencia condenatoria termina la saga del "chino", llamado así a pesar de ser descendiente de japoneses. Después de ganar en forma sorpresiva la presidencia de Perú en 1990 con una candidatura independiente, se convirtió en un mandatario de alta popularidad al derrotar a las guerrillas Sendero Luminoso y Túpac Amaru y estabilizar la economía de su país. Sin embargo, su lucha antiguerrillera también estuvo salpicada de múltiples acusaciones de violaciones de los derechos humanos, cometidas en gran parte por un tenebroso servicio de inteligencia liderado por Vladimiro Montesinos, quien afronta hoy varios juicios por estos crímenes.
En el 2000, y debido al destape de graves escándalos de corrupción, Fujimori dejó el poder poco después de su segunda reelección, y huyó a Japón, donde residió por varios años. Con intenciones de regresar a la arena política peruana, el ex mandatario pisó suelo chileno, donde fue capturado y extraditado a su país natal en septiembre del 2007. Ahora, tras la condena, viene un nuevo capítulo político de Fujimori, esta vez en cabeza de su hija Keiko, la parlamentaria con mayor votación en el 2006 y aspirante presidencial, que recoge el apoyo que su padre aún conserva en sectores populares.
El vertiginoso ascenso, la firme consolidación y la dura caída de Alberto Fujimori deja varias enseñanzas en América Latina. La primera tiene que ver con el peligro de querer proteger de la subversión a las instituciones quebrantándolas. Es innegable que hoy el pueblo peruano ha logrado dejar atrás los males que lo aquejaban hace dos décadas, pero el costo que pagó por cuenta de prácticas corruptas y por violaciones de los derechos humanos fue considerable.
La segunda reafirma las perversas consecuencias de tener unos servicios de inteligencia y seguridad sin contrapesos ni control. Esa experiencia debe ser aprendida en Colombia, en donde, a pesar de episodios horrendos como 'los falsos positivos' o las acusaciones sobre seguimientos e interceptaciones telefónicas de variadas personalidades, existe la claridad de que la legitimidad institucional proviene del respeto a las normas legales y a los derechos humanos. La alta popularidad de la que gozó Fujimori por el éxito de su estrategia de seguridad escondió por años tanto las masacres del aparato estatal, como una extendida red de corrupción oficial, desconocidas para la mayoría de los ciudadanos peruanos.
"Tuve que gobernar desde el infierno", se defiende el ex presidente. Pero, aun si se acepta dicha tesis, eso no justifica que un mandatario latinoamericano se tenga que convertir en el diablo. Tal es el mensaje que envía la decisión de la Corte Suprema del país vecino, cuya sentencia es, al mismo tiempo, una lección y un ejemplo, pues demuestra que en una democracia no se puede aplicar eso de que el fin justifica los medios.