Piden asegurar a 17 militares por muerte de tres jóvenes

“Las víctimas fueron engañadas mediante una oferta de trabajo en Ocaña, Norte de Santander, y luego asesinadas en un caso de falsos positivos”, dijo la fiscal 19 de Derechos Humanos, Cecilia Jaimes.

Por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de 3 de los 11 jóvenes de Soacha, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra 17 militares por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.

Según la Fiscalía, estos uniformados (suboficiales y soldados) participaron en el reclutamiento y homicidio de tres jóvenes de Soacha: Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez Ramírez y Jader Andrés Palacio Bustamante, bajo el mismo modus operandi de lo que se conoce como ‘falsos positivos’.

“Ellos fueron engañados mediante una oferta de trabajo en Ocaña, Norte de Santander, y luego ultimados. Una vez llegaban allá eran transportados hacia un lugar, al parecer, previamente establecido por los militares. En el camino fueron sorprendidos por un falso retén que hizo la tropa que cometió el delito. Los detuvieron y luego los asesinaron para presentarlos como ‘bajas en combate’, sin informar que se trataba de los jóvenes que habían comprado o mandado a traer”, dijo la fiscal 19 de Derechos Humanos, Cecilia Jaimes.

Según la Fiscalía, la zona donde se cometió el delito fue escogida previamente por los mismos integrantes del Ejército Nacional que participaron de la presunta misión.

De acuerdo con la Fiscal 19, los militares sacaban de su propio dinero para adquirir las armas que ponían a los hombres que luego asesinaban. “Muchas veces acudían a los paramilitares para adquirirlas”, precisó la funcionaria.

Agregó que “ese era el deber de ellos para que les dieran permiso y vacaciones, así funcionaba en el Batallón Santander”.

Afirmó que la finalidad de estos hechos ilegales era “no ser calificados con 2 en el folio de vida del Ejército y así avanzar en rango, porque a quienes no tenían resultados operacionales por varios días les ponían un resultado de 4, perjudicial para su hoja de vida”.

La Fiscalía le pidió al juez Segundo de Control de Garantías, Fernando Sarmiento, que estos 17 implicados sean judicializados como civiles y no como militares.

Según la investigación, el 25 de agosto del 2008 un teniente informó que tres hombres, presuntos integrantes de bandas criminales al servicio del narcotráfico, murieron en combate en Ocaña, Norte de Santander.

El Instituto de Medicina Legal los reportó como “dados de baja” sin identificar, en combates contra tropas del Batallón de Santander y de la Brigada No. 15, el mismo día a las 10:30 a.m.

Según la Fiscalía, el 22 de agosto del 2008 el hoy sargento segundo en retiro Janer Edier Duque Marín elaboró un documento felicitando a algunos de sus hombres por los tres ‘positivos’, pero la investigación estableció que el escrito estaba “previamente listo”, pues los hechos fueron cometidos el 25 de agosto de ese mismo año, es decir, tres días después.

No hubo inteligencia

Dentro de la investigación, a la Fiscalía se allegó el informe de un comandante del Ejército, en el cual se da cuenta de las irregularidades desde el inicio de la misión.

“No tiene fundamento y ningún tipo de legalidad, ya que no es soportada por un informe de inteligencia... La información no es sometida a ningún tipo de análisis y el lugar de los hechos no es claro y preciso”, afirmó la Fiscal 19 citando una parte del informe.

De conformidad con este informe, dijo la Fiscal delegada, el Inspector General el Ejército señaló que la región de los hechos no tenía antecedentes de presencia de grupos ilegales al servicio del narcotráfico y que era una zona tranquila.

Esto es contrario a lo que habían dicho los militares, quienes en su informe señalaron que “los tres muertos en combate pertenecían a una banda al servicio del narcotráfico de la zona”.

Según las actas de necropsia de Medicina Legal sobre las tres víctimas, los jóvenes murieron por heridas de proyectil el 25 agosto del 2008, en enfrentamientos con el Ejército en Ocaña, Norte de Santander.


"Las víctimas eran jóvenes sin trabajo, con tendencias de adicción, con algunos antecedentes penales por tráfico y porte de estupefacientes y con delitos de hurto simple y agravado”. Cecilia Jaimes, fiscal 19 de Derechos Humanos.